Fundación Parcomun

Transcurridos más de dos años de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, el proceso de implementación ha debido sortear múltiples dificultades, la gran mayoría de ellas previsibles desde la dinámica social y política de Colombia y de las realidades de los extensos territorios del país en los que el conflicto armado llegó a un punto muy álgido.

La fractura social y política entre los sectores afines a la firma del Acuerdo de Paz y entre los sectores opuestos al mismo, que se reflejó con los resultados del plebiscito en octubre de 2016, se mantuvo y fue evidente en el debate electoral para Congreso y Presidencia de la República en el 2018. Actualmente la elección y presidencia de Iván Duque Márquez, avalado por el partido político que encarnó la oposición a los Acuerdos, pone en jaque la supervivencia de los mismos.

En este contexto, instituciones que hacen seguimiento a la evolución de los avances en la puesta en marcha del Acuerdo como la Fundación “Paz & Reconciliación” y la Iniciativa “Unidos por la paz” advierten que el Estado ha venido adelantando una reestructuración unilateral de los Acuerdos que en la práctica han incidido para que el camino de su implementación sea mucho más lenta. Como ejemplo se mencionan: 1. La modificación de la estructura agraria y la puesta en marcha de una nueva visión de lucha contra el narcotráfico, en la cual la erradicación por aspersión con glifosato toma forma como principal instrumento de erradicación. 2. El limbo jurídico en el que quedaron las Circunscripciones Especiales de Paz, que daban la oportunidad de la representación política en el Congreso de líderes sociales provenientes de las zonas más afectadas por el conflicto armado. 3. Las discusiones sobre el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, 4. La supervivencia del Sistema de Jurisdicción Especial de Paz, que se debate en medio de una gran división de la opinión pública, ahondada por la reciente decisión del Presidente de la República de objetar seis de los artículos de la Ley Estatutaria de la misma, circunstancia que obligará nuevamente a extensos debates en el Congreso. Y 5. La incertidumbre que rodea la financiación de los pactos territoriales suscritos con las comunidades campesinas en los 16 territorios del país en los cuales se ejecutó El Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET (1).

En la práctica, actualmente Colombia se encuentra en una variación del péndulo político que pasó de la idea de una paz negociada, sin vencedores ni vencidos, con ideas asociadas a términos como “negociación”, “postconflicto”, “justicia tradicional” y “convivencia” que hicieron parte del discurso estatal en el gobierno de Juan Manuel Santos, al escenario de un gobierno del partido político que encarnó la principal oposición al Acuerdo y que desde la posesión del Presidente Iván Duque refuerza el concepto de la seguridad como eje articulador de la política y los términos asociados a dicha idea son entre otros, “legalidad”, “autoridad”, “justicia ordinaria” y “estabilización”.

Sin embargo, como advierte el Instituto Kroc, en su segundo informe sobre la implementación efectiva de los Acuerdos,

el proceso de paz colombiano se ha mostrado muy resiliente a las diversas presiones que surgen en el camino. El gobierno, la FARC juntos, rodeados de un fuerte acompañamiento internacional, y de una sociedad civil comprometida, han sido capaces de seguir impulsando el proceso de implementación, resistiendo diversas crisis, avanzando en la discusión y en la negociación de elementos conflictivos. Las partes, con el apoyo internacional, han resuelto disputas con cierta flexibilidad para responder a dilemas emergentes y a muchas dificultades que el Acuerdo no fue capaz de anticipar. Se han encontrado soluciones sobre la marcha a problemas concretos que han aparecido y eso debe destacarse.

Es fundamental que esta dinámica continúe.

(1) "Cómo va la paz". Fundación “Paz & Reconciliación” e Iniciativa “Unidos por la paz”. La restructuración unilateral del acuerdo de paz. Bogotá D.C 2018. 

Crédito de la imagen: Programa de Naciones Unidas PNUD. Manifestación por el derecho a la vida en el municipio de El Tarra (Norte de Santander) marzo de 2018.